Barcelona se encuentra en el epicentro de una controversia monumental tras el anuncio del alcalde Jaume Collboni sobre la eliminación de todas las licencias de pisos turísticos para noviembre de 2028. Esta decisión afectará a 10,101 licencias actualmente operativas en la ciudad. La medida, aunque anticipada por algunos, ha sorprendido al sector turístico y ha desatado una serie de reacciones encontradas. El gobierno municipal había señalado previamente su intención de reducir significativamente el número de pisos turísticos, pero pocos esperaban una eliminación total. Esta acción radical busca abordar la crisis de vivienda en la ciudad, donde el precio de los alquileres ha aumentado un 70% en la última década.
Reacciones del Sector Turístico
La respuesta de la patronal de los pisos turísticos de Barcelona, encabezada por Enrique Alcantara, presidente de la Associació d’Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur), no se hizo esperar. Alcantara criticó duramente la medida, acusando al gobierno municipal de actuar bajo la influencia de la turismofobia y el populismo. Según él, la eliminación de los pisos turísticos no resolverá el problema de acceso a la vivienda y solo fomentará la proliferación de alojamientos ilegales. Además, destacó el impacto económico negativo que tendrá la medida en la ciudad, afectando a pequeños propietarios y empleos directos e indirectos en el sector turístico, que genera 347 millones de euros anuales para Barcelona.
Implicaciones Jurídicas y Políticas
El anuncio de Collboni también ha desencadenado una guerra judicial que promete ser prolongada y complicada. Apartur ha señalado que la medida podría estar fuera de la legalidad, recordando que el Tribunal Constitucional ya ha admitido a trámite un recurso contra el decreto de la Generalitat que permite al Ayuntamiento suprimir estas licencias. Además, se espera que el caso llegue hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La oposición política en el Ayuntamiento también ha expresado sus reservas, calificando la medida de improvisada e ideológica, y cuestionando su efectividad y legalidad.
Flexibilización del 30% y Nuevas Alianzas
El anuncio de la eliminación de los pisos turísticos eclipsó otra propuesta importante del alcalde Collboni: la flexibilización de la medida que obliga a los constructores a destinar el 30% de cada promoción a vivienda social. Esta política, implementada durante el mandato de Ada Colau, no ha alcanzado los resultados esperados, generando apenas 93 licencias de viviendas asequibles desde 2018. Para mejorar su eficacia, el ejecutivo socialista busca alianzas para aprobar una reforma que permita agrupar las reservas de vivienda social en un solo edificio por barrio, facilitando la rehabilitación y promoviendo convenios marco con promotoras sociales.
Futuro de la Vivienda en Barcelona
La eliminación de los pisos turísticos es solo una parte de un plan más amplio para solucionar la crisis de vivienda en Barcelona. El alcalde Collboni espera que la reintegración de más de 10,000 viviendas en el mercado residencial marque un punto de inflexión, aunque reconoce que los resultados no serán inmediatos. La construcción anual de nuevas viviendas en la ciudad oscila entre 1,500 y 2,000, por lo que esta medida representa un crecimiento significativo a largo plazo. Mientras tanto, la ciudad se prepara para un periodo de intensa batalla legal y debates políticos que determinarán el futuro de su política de vivienda. No obstante, aun queda el amparo de Tribunal Constitucional, veremos noticias en los próximos días.